La Secretaría de Educación en Chiapas manifestó que no permitirá el chantaje de supuestos grupos políticos que exigen ─violentamente─ la permanencia de privilegios otorgados por administraciones pasadas y exhortó al magisterio, a priorizar sobre cualquier otro interés, el bienestar de las y los niños chiapanecos.

Destruyeron papelería y equipo de cómputo.

Un grupo de jóvenes embozados quemó documentación y destruyó computadoras la madrugada de este lunes en las oficinas de la Subsecretaría de Educación y las instalaciones del Servicio Profesional Docente, en la capital chiapaneca. El grupo, de aproximadamente 60 personas encapuchadas, armadas con palos y piedras, a bordo de 2 vehículos tipo Sprinter de la empresa OCC y 2 camionetas tipo PickUp color blanco.

Ingresaron de forma violenta, a las cuatro de la madrugada de este lunes.

Ahí, rompieron los candados de los portones y puertas, realizaron pintas y destrozaron cristales, puertas, cancelaría, así como documentación oficial y equipos de cómputo, a los cuales prendieron fuego.

Por todo ello, la Fiscalía General del Estado (FGE), abrió carpeta de investigación 0084-101-0201-2019 por robo con violencia, daños contra la Secretaría de Educación, motín, atentados contra la paz, la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del estado, más los que resulten.

La Secretaría de Educación exoneró a los normalistas, los llamó “chantaje de grupos políticos del magisterio”.

Esta reacción es porque antes se malversaron los recursos federales destinados a programas especiales y compensatorios, se secuestraron coordinaciones, direcciones y jefaturas, “desde las cuales se operó durante años un esquema de corrupción, que esta nueva administración rechazó y por lo que se aplica un proceso de revisión en el marco de la normatividad institucional”, apuntó la dependencia.

Estas acciones violentas, son “resistencias al cambio” que opera actualmente en la Secretaría de Educación, dijeron.

Actualmente, se revisa el esquema en el que operan los diferentes programas y niveles de ambos subsistemas educativos, donde se detectaron irregularidades como la asignación directa de plazas para normalistas y líderes sindicales; 2 mil órdenes de comisión a profesores en tareas ajenas a la labor docente, la imposición de criterios sindicales en los procesos de ascenso y mejoramiento del personal docente, entre otros.