Al menos siete tortugas negras, especie protegida en nuestro país, fueron destazadas presuntamente con el objetivo de robar sus huevos, carne y derivados.
Este es un delito contra la biodiversidad que se castiga con hasta nueve años de prision según lo estipula el Codigo Penal Federal en nuestro país.
Ciudadanos culpan al Gobierno de Cabo Corrientes por su falta de atención en la prevención y castigo de estos delitos, así como por la falta de apoyo en la protección y conservación de las tortugas marinas y recursos naturales de la región.