Día Uno │ La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dio a conocer que se impondrá cárcel de hasta seis años a quien expida, venda o compre facturas que amparen operaciones inexistentes, explicó el docente e investigador de la Escuela Bancaria y Comercial (EBC Campus Chiapas) Campus Chiapas, René Cruz Montalvo.
Esto, luego del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, y que entró en vigor desde el 17 de mayo de 2019.
La reforma endurece las sanciones establecidas en el Código Fiscal de la Federación al que expida o enajene comprobantes fiscales que amparen operaciones falsas o actos jurídicos simulados, imponiendo de tres a seis años de prisión.
Lo anterior, dijo, con el propósito desincentivar la comisión del delito de emisión de facturas para simular operaciones inexistentes, con sanciones que castigan tanto a los que venden, emiten y compren comprobantes fiscales electrónicos para evadir al fisco simulando operaciones con empresas fantasmas.
Aclaró, que la autoridad fiscal reconoce estas prácticas como EFOS, para las Empresas que Facturan Operaciones Simuladas, al comprobar fiscalmente operaciones como compras o servicios que en realidad nunca se llevaron a cabo. Mientras que las empresas que compran facturas digitales para incrementar sus gastos de operación al reportarlas ante el fisco con el fin de pagar menos impuestos, las denomina como EDOS o Empresas que Deducen Operaciones Simuladas.
El analista, develó que la SHCP, reconoce un monto de más de 2 billones de pesos por facturación de operaciones inexistentes, es decir, el equivalente al 70% de la recaudación prevista para 2018; así como la existencia de más de 8 mil 500 empresas fantasma, donde el sector de la construcción es el que más utiliza facturas apócrifas.
El docente e investigador de la Escuela Bancaria y Comercial Campus Chiapas, Víctor Manuel Tejero, indicó que en los últimos años se ha incrementado el número de empresas que emiten comprobantes fiscales falsos, mismos que se han utilizado con el fin de obtener beneficio ilegal. Por ello, con la reforma se busca la reducción de evasión de impuestos para fortalecer los ingresos públicos y, por consiguiente, también la sostenibilidad fiscal de los gobiernos, así como generar un impacto positivo en el bienestar de los ciudadanos.
Pepe Ortega